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Sistema jurídico español

Se denomina Derecho español al ordenamiento jurídico que rige en el Reino de España, entendiendo por tal el territorio español, sus aguas territoriales, consulados y embajadas, e interior de embarcaciones civiles con bandera española en territorio internacional.

En el sistema jurídico español, un Real Decreto es una norma jurídica con rango de Reglamento que emana del Poder Ejecutivo (el Gobierno) en nombre del Rey de España y en virtud de las competencias prescritas en la Constitución. No obstante, no hay que confundir el contenido con la forma de aprobación: los actos que emanan del Consejo de Ministros adquieren la forma de Real Decreto (que es, por tanto, la forma en que se reviste el acto), pero no todo Real Decreto es un Reglamento (ello dependerá del contenido).

En cualquier caso, el Real Decreto se sitúa en el orden de prelación de las normas jurídicas inmediatamente después de las normas con rango de Ley y antes de la Orden Ministerial. Su diferencia con la primera es que emana del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo. Su diferencia con la segunda es que el Real Decreto precisa para su adopción de la aprobación del Consejo de Ministros exclusivamente, mientras que la Orden Ministerial puede establecerse por parte de un solo ministerio.Pirámide-de-Kelsen

Tanto los Reales Decretos como las Órdenes Ministeriales integran la potestad reglamentaria de la Administración Pública. Los Reglamentos, en virtud del principio de jerarquía normativa, no pueden contradecir lo dispuesto en las leyes y la Constitución prohíbe que regulen una serie de materias que reserva a la Ley.

 Ley Orgánica

Una Ley Orgánica, frente a una Ley Ordinaria, es aquella que se encuentra en un nivel jerárquico superior, o que se requiere constitucionalmente para regular ciertas materias. Son necesarios unos requisitos extraordinarios para su aprobación (por ejemplo, mayoría absoluta o cualificada, en lugar de mayoría ordinaria).

En los países en donde existe este escalón intermedio entre la Ley y la Constitución es normal que se limite su aplicación a una serie de materias concretas (a este también se le denomina Reserva de Ley Orgánica). El fundamento de esta limitación es doble:

• Obligar a la regulación con amplia mayoría parlamentaria de ciertas materias muy sensibles.

• Evitar esa regulación, que es mucho más difícil de modificar, en otro tipo de materias más cambiantes y que necesitan de mayor flexibilidad en su regulación.

Ley Ordinaria

La Ley Ordinaria constituye, generalmente, el tercer escalón en la jerarquía jurídica de un Estado, tras la Constitución y las leyes Orgánicas.

Su aprobación corresponde al Poder Legislativo, normalmente, por mayoría simple. En los sistemas democráticos el Poder Legislativo reside en la Parlamento elegido por sufragio universal. La aprobación de las leyes se puede realizar por votación en el Pleno de la Cámara, o por alguna de las Comisiones Legislativas que puede tener.

 Reglamento

El Reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la Administración Pública. Su rango en el orden jerárquico es inmediatamente inferior a la Ley y, generalmente, la desarrolla o complementa.

Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina, se trata de una de las fuentes del Derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico.

Los reglamentos se pueden clasificar en:

1. Estatales o no estatales, en función de qué ádministración territorial los dicta.

2. Ejecutivos, que son aquellos que desarrollan una norma legal ya existente y son emitidos por el Poder Ejecutivo; independientes, que son los que, aún no existiendo una norma legal que complementar, regulan una actividad que merece atención jurídica, y los llamados de necesidad, esto es, aquellos dictados como consecuencia de un estado extraordinario para el cual se necesitan disposiciones rápidas. En este último caso, parte de la doctrina comparada establece la posibilidad de que estos últimos puedan poner en suspenso normas con rango de Ley, confundiéndoseles con los Decretos de Urgencia.

Decreto

Un decreto es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Esta regla general tiene sus excepciones en casi todas las legislaciones, normalmente para situaciones de urgente necesidad, y algunas otras específicamente tasadas.

En España existen distintos tipos de decretos:

1. El Real Decreto Legislativo (Art. 82, 83, 84 y 85 de la Constitución) es una norma con rango de ley en la cual el Parlamento ha delegado expresamente en el Gobierno para redactarla. Se suele dar el caso en normas que tengan un carácter técnico y no político, o en el caso que refunda leyes existentes (recoge leyes existentes y las funde en un único texto pero sin variar su contenido).

2. El Real Decreto Ley (Art. 86 de la Constitución) también es una norma con rango de ley, pero se diferencia del Decreto Legislativo en que es dictada por el ejecutivo estatal sin previa autorización expresa del Parlamento, por motivos de extrema urgencia o necesidad. Deben ser ratificados por el Congreso en 30 días, y no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

3. El Real Decreto es la forma que adoptan las decisiones del Presidente del Gobierno, y los acuerdos del Consejo de Ministros (normas con rango reglamentario).

4. El Decreto Ministerial es el que emite un ministro dentro de sus competencias. Debido a su dependencia jerárquica, no puede ser contrario a un Real Decreto.

5. El Decreto del Consejo de Gobierno, que es a nivel autonómico, lo que el Real Decreto al Consejo de Ministros, es decir, el reglamento de mayor rango que emite el ejecutivo autonómico en el ámbito de sus competencias.

La palabra “Real” hace referencia a que es el propio Rey quien sanciona y ordena publicar dicho decreto (en el caso de los Decretos autonómicos no se da esta circunstancia)

Real Decreto

En el sistema jurídico español, un Real Decreto es una norma jurídica con rango de Reglamento, que emana del Poder Ejecutivo (Gobierno) en virtud de las competencias al mismo atribuidas por la Constitución. Se sitúa en el orden de prelación de las normas jurídicas inmediatamente después de las normas con rango de Ley y antes de la Orden ministerial.

Su diferencia con la primera es que emana del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo. Su diferencia con la segunda es que el Real Decreto precisa para su adopción de la aprobación por el Presidente del Gobierno o del acuerdo del Consejo de Ministros, mientras que la Orden Ministerial puede establecerse por parte de un solo ministerio.

Tanto los Reales Decretos como las Órdenes Ministeriales integran la potestad reglamentaria de la Administración Pública.

Los reglamentos, en virtud del principio de jerarquía normativa, no pueden contradecir lo dispuesto en las leyes, y la Constitución prohíbe que regulen una serie de materias que reserva a la ley.

Real Decreto Legislativo

El Real Decreto Legislativo es una norma jurídica con rango de Ley, propia de países con monarquía parlamentaria, que emana del poder ejecutivo en virtud de delegación expresa efectuada por el Poder Legislativo.

La técnica del Real Decreto legislativo tiene su función en diversos ámbitos:

1. Para la elaboración de textos refundidos de diversas Leyes, favoreciendo la compilación en un solo cuerpo legal de distintas normas jurídicas dispersas.

2. Para la elaboración de textos articulados, habiendo aprobado previamente el poder legislativo una Ley de Bases que sirve como marco de referencia y límite.

Real Decreto Ley

El Real Decreto Ley es una norma jurídica con rango de Ley, propia de países con monarquía parlamentaria, que emana del Poder Ejecutivo y es dictada en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Requiere de posterior convalidación o ratificación de parte del poder legislativo, habitualmente en un plazo breve.

Es importante resaltar que en el caso español, la norma en sí no es ratificada por el Congreso de los Diputados. En realidad, el Congreso se limita a ratificar la situación de urgencia que ha llevado a la promulgación de la norma. El resultado final es el mismo, pero la tramitación es mucho más rápida y se evitan debates parlamentarios.





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